Actividades Específicas

Educar es central para la construcción de sociedades más justas, el sostenimiento de la vida democrática y el desarrollo social. En las democracias se da por sentado que la educación es un derecho humano fundamental, un bien social a distribuir, un medio de acceso a otros derechos y oportunidades, un proceso indispensable para la realización de las personas y una condición para la formación de ciudadanía. La educación ciudadana, en su sentido más global, significa una formación para la democracia y en democracia, e implica un entendimiento de la ciudadanía basada en derechos y con responsabilidades. 

Educación, democracia y ciudadanía son conceptos polisémicos que han acumulado múltiples tensiones en torno a su relación y generan concepciones y propuestas educativas diversas. En lo general se ha diferenciado entre educación para la ciudadanía, educación a través de la ciudadanía y educación sobre la ciudadanía. En la primera, el énfasis se sitúa en los aprendizajes básicos necesarios para que las personas lleguen a incorporarse de forma activa y responsable en la sociedad, lo que supone el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas y prácticas. En el segundo caso, la educación se orienta a que las personas aprendan los valores cívicos y democráticos por medio de su ejercicio en los ámbitos de socialización, sobre todo a través de la convivencia y participación en las escuelas. Por último, la educación sobre la ciudadanía busca la formación moral, integral y sistemática de las personas mediante procesos reflexivos y el desarrollo de pensamiento crítico y autónomo. Esto incluye la deliberación moral y la educación de los sentimientos y las emociones.

Si bien el estatus jurídico de ciudadanía se adquiere con la mayoría de edad, ésta se aprende y se forma a lo largo de la vida de las personas, por lo que se debe enseñar y desarrollar en el curso del tiempo. Lo cierto es que la formación de las y los ciudadanos desde edades tempranas no ha tenido en la historia nacional cursos de acción universales ni sigue rutas únicas o definitivas porque, en buena medida, responde a intereses y propósitos de las coyunturas políticas y programas de gobierno. No obstante, es posible constatar en la sucesión de las recientes propuestas oficiales un reconocimiento –al menos en el plano discursivo– del papel crucial de la educación en la construcción de ciudadanía, esto es, en el desarrollo de las habilidades y competencias cognitivas y actitudinales que requieren las personas para el disfrute y el ejercicio libre y responsable de sus derechos fundamentales.

Educación en y para la ciudadanía es, dada su naturaleza, un tema complejo y controvertido en el que se depositan múltiples expectativas y proyectos individuales y colectivos, así como demandas y exigencias al Estado. En torno a ella confluyen distintos actores sociales, intereses políticos y finalidades educativas, enfoques disciplinarios, instituciones y políticas públicas, así como modelos y programas pedagógicos. Esto es así porque el propio desarrollo de una sociedad democrática, diversa y plural implica la coexistencia de distintas perspectivas, métodos y prácticas de formación ciudadana. Con todo, no hay duda de que la responsabilidad de educar compete principalmente al Estado y se reconoce la importancia central de las escuelas en los procesos de aprendizaje cívicos; asimismo, el renovado interés en la ciudadanía revitaliza el papel de las familias, las comunidades, los organismos de la sociedad civil y los medios de comunicación social en la formulación e implementación de la agenda educativa. Las personas no sólo aprenden a ser ciudadanos interesados y responsables en el entorno escolar, sino también en los otros ámbitos de socialización.

En México hemos avanzado de manera importante en la construcción de una democracia sustentada en los derechos humanos, la diversidad social y la pluralidad política, sobre todo a partir de la reforma constitucional de 2011 que reconoce la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos e incorpora el principio pro persona para su mayor garantía por parte de los poderes públicos. Sin embargo, persisten desigualdades sociales, patrones de exclusión y prácticas discriminatorias que impiden el ejercicio igual y libre de derechos a personas y grupos de población por razón de sus características o identidades. Una amplia mayoría de la población enfrenta una discriminación estructural: mujeres, personas adultas mayores, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas jóvenes y niños, migrantes y personas de las diversidades sexuales, entre otros grupos, experimentan dificultades sistemáticas y no cuentan con las condiciones, capacidades y oportunidades para ejercer sus derechos, dados los distintos contextos de realización efectiva de la igualdad.

Esta situación de desventaja injustificada obstaculiza la participación efectiva de la ciudadanía en la vida pública, tal como lo reporta el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México:1 factores estructurales como la desigualdad social, la pobreza, la discriminación y los problemas graves de seguridad pública, entre otros, vulneran la condición ciudadana y el ejercicio de derechos de las y los mexicanos, afectando la consolidación de la democracia. A esto se suma un descenso significativo en el aprecio a la democracia por parte de la mayoría de la población que, según reporta Latinobarómetro, en 2017 descendió a 18 por ciento.

Ante los múltiples déficits democráticos, la educación ciudadana se resignifica como ruta estratégica para revitalizar la democracia y superar la mera democratización electoral con un cambio cultural más profundo. Desde la reafirmación del principio de igualdad, la preocupación por la inclusión ha cobrado fuerza en el marco de la lucha contra la discriminación en todas las esferas de la vida social, particularmente en los campos educativo y electoral. Se considera que una de las funciones centrales de la educación es contribuir al logro de una mejor convivencia social en el espacio público y avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y democrática, lo que supone el enorme reto de hacer frente a los altos índices de exclusión y reducir las brechas de desigualdad social que limitan o niegan el disfrute de derechos de las personas. 

La lucha por la inclusión en la condición de ciudadanía ha sido uno de los factores principales de dinamización y transformación en México y en la región de América Latina, tanto de la sociedad como del Estado. En la actualidad nadie cuestiona que cualquier intento de reconstrucción nacional se basa en la educación de la ciudadanía para la convivencia democrática fundamentada en una concepción más amplia y esencial de la educación, como derecho y no como privilegio, y en estructuras efectivas de participación. 

Los derechos de ciudadanía, en su integralidad, constituyen los ejes estratégicos sobre los que se han de construir las propuestas de educación ciudadana. En este aspecto, la transformación social en sentido democrático y por la vía educativa no puede referirse a cualquier tipo de cambio; nunca puede ir en la dirección de reducir derechos o incrementar las desigualdades sociales, por el contrario, debe apuntar al pleno ejercicio, ampliación, profundización y generación de nuevos derechos ciudadanos. Los programas educativos tampoco pueden formularse al margen de las personas y grupos sociales destinatarios, toda vez que para dinamizar procesos de igualdad de trato es necesario entender el desarrollo y las situaciones de exclusión o marginación que se dan en los entornos educativos específicos, ya sean formales o informales, desde un andamiaje conceptual consistente y una perspectiva de derechos humanos. 

La inclusión de las diversas identidades que conforman la sociedad demanda un currículo significativo que reconozca la dignidad y los derechos iguales de todas las personas, conecte con sus diversos intereses, ritmos de aprendizaje y formas de vida, y promueva la expresión libre y la participación efectiva en los asuntos comunes. Una educación ciudadana permanente, sistemática y diversificada en sus códigos es necesaria para desmontar las múltiples prácticas discriminatorias y reducir las brechas de desigualdad.

El lenguaje de la ciudadanía y el de la no discriminación es el de los derechos humanos. Desde este enfoque, corresponde a la educación ciudadana, en tanto función compartida por la sociedad en su conjunto, desarticular los prejuicios, estereotipos y estigmas que son la base sociocultural y simbólica de la discriminación, construir nuevos referentes para la interacción social en condiciones de igualdad y desarrollar competencias cívicas, valores y experiencias de participación democrática. En efecto, son muchos los propósitos y valores que animan hoy la educación ciudadana, pero en todos los casos resulta crucial formar el pensamiento crítico de las personas frente a una realidad heterogénea y conflictiva que impone comprender y dialogar con las múltiples diferencias e identidades, así como promover una deliberación en los espacios comunes sustentada en la aceptación y el ejercicio de los derechos y las responsabilidades democráticas. 

La ciudadanía es un vínculo que une a quienes viven en una comunidad política, esto es, en un Estado de derecho, desde las diferencias de etnia, lengua, edad, religión, origen social, género, condición de discapacidad, identidad de género, estilo de vida, entre otras. Esto exige al Estado integrar las diferencias legítimas sin eliminarlas y asegurar a todas las personas una base de igualdad que les permita llevar adelante sus proyectos vitales, sin impedir a los demás hacer lo propio. En consecuencia, la educación ciudadana debe gestionar y articular la diversidad en la que se tejen las identidades y asumir que las y los ciudadanos lo son desde su diversidad y distintas identidades.

El presente es un momento de oportunidad para actuar en el campo de la educación ciudadana con una visión ética renovada y configurar pedagogías innovadoras. Esto amerita la resignificación de los conceptos implicados en ella a la luz de las teorías de la democracia, los derechos humanos y la justicia social para entender, entre otras cuestiones, que una ciudadanía basada en la igualdad no admite la discriminación ni la exclusión, que la democracia no se limita a lo electoral ni a la conformación de la representación política, que lo público no se agota en lo estatal, que los derechos no son privilegios y su ejercicio debe ser garantizado por los poderes públicos de manera integral, en el sentido de todos los derechos para todas las personas.

La formación del carácter del ciudadano aparece, con distintos fundamentos, contenidos y estrategias, como condición que hace posible la vida democrática. Las distintas tradiciones políticas coinciden en admitir que la ciudadanía no es sólo una cuestión de adquisición de derechos y obligaciones de los individuos frente al Estado, sino que constituye una cualidad moral distintiva de pertenecer a una comunidad política, por lo que el proceso de desarrollo de las capacidades morales e intelectuales relativas al ciudadano adquiere mayor relevancia y se constituye como una condición necesaria para el sostenimiento de la democracia. El argumento principal es que, en la medida en que todo orden democrático depende no solamente de sus estructuras básicas, sino también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos, las relaciones entre educación y democracia son indisolubles. En efecto, “la democracia es el sistema político que menos puede desentenderse de la educación de los individuos, pues requiere que estos actúen como ciudadanos, es decir, como sujetos responsables noblemente interesados por la cosa pública”. Su existencia descansa en el respeto a los valores democráticos que existen porque son enseñados, aprendidos y practicados formalmente a través de la educación.

El objetivo de este trabajo es elaborar y difundir contenidos informativos sobre los derechos político electorales de las personas con discapacidad. El proyecto está dirigido a 200 personas con discapacidad del estado a través de materiales impresos y audiovisuales con la finalidad de promover su ejercicio, defensa y garantía en el espacio público. La meta consiste en Inculcar conocimientos, competencias y prácticas democráticas a un aproximado de 200 personas con discapacidad que sean ciudadanas del estado, a través de la divulgación y difusión de materiales impresos y audiovisuales, por una sola ocasión; con la finalidad de lograr una mayor inclusión democrática de la ciudadanía y un aumento de la participación política.

Se trata de un proyecto que forma parte del Plan Anual de Trabajo del Gasto Programado en su vertiende de Actividades Específicas, subrurbro de Tareas Editoriales, identificado con el número de proyecto  PAT2024/PAN/ZAC/AE/TE/2.

En el primer capítulo abordaremos el marco conceptual y legal de los derechos humanos, en específico de los derechos político electorales de las personas con discapacidad, tomando en consideración desde el bloque de convencionalidad, la Constitución federal y la legislación federal.

Para el segundo capítulo se abordarán las disposiciones locales en la materia de análisis, así como los instrumentos y políticas públicas que han implementado por parte de las autoridades locales para promover y garantizar los derechos político electorales de las personas con discapacidad en la entidad.

El tercer apartado abordará los aspectos pendientes para el pleno ejercicio de sus derechos y en un último apartado, se resumirá el contenido para dejar un documento de mejor difusión en masa.